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El expediente administrativo sancionador es un procedimiento mediante el cual la Administración impone sanciones por infracciones legales. El ciudadano tiene derechos esenciales como la presunción de inocencia, a ser informado, a presentar alegaciones y a recurrir. El proceso incluye varias fases (inicio, instrucción, resolución) y puede seguirse un procedimiento abreviado en casos leves. Conocer los pasos y contar con asesoramiento legal es clave para una defensa eficaz.

Los ciudadanos pueden reclamar a la Administración una indemnización por daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Para ello deben acreditarse daño efectivo, relación causal y ausencia de fuerza mayor, siguiendo un procedimiento administrativo o judicial. La cuantía debe restituir al perjudicado y se calcula según criterios económicos y periciales.