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Las circunstancias atenuantes y agravantes en el Derecho Penal español permiten ajustar la pena según los hechos del caso concreto. Las atenuantes pueden reducir la sanción si se dan factores como arrepentimiento o trastorno mental. Las agravantes, como la alevosía o la reincidencia, pueden aumentarla. Su aplicación corresponde al juez, que debe motivarla y basarse en pruebas.

La prescripción penal en España determina el tiempo que tiene la Justicia para perseguir un delito, según la gravedad de la pena. El plazo puede variar entre 1 y 20 años, e incluso más en casos de delitos contra menores. Algunos delitos muy graves, como el genocidio o el terrorismo con resultado de muerte, no prescriben.