El expediente administrativo sancionador es un procedimiento mediante el cual la Administración impone sanciones por infracciones legales. El ciudadano tiene derechos esenciales como la presunción de inocencia, a ser informado, a presentar alegaciones y a recurrir. El proceso incluye varias fases (inicio, instrucción, resolución) y puede seguirse un procedimiento abreviado en casos leves. Conocer los pasos y contar con asesoramiento legal es clave para una defensa eficaz.
Las circunstancias atenuantes y agravantes en el Derecho Penal español permiten ajustar la pena según los hechos del caso concreto. Las atenuantes pueden reducir la sanción si se dan factores como arrepentimiento o trastorno mental. Las agravantes, como la alevosía o la reincidencia, pueden aumentarla. Su aplicación corresponde al juez, que debe motivarla y basarse en pruebas.
El artículo explica cómo calcular el Impuesto de Sucesiones en la Comunidad Valenciana, detallando cada paso: base imponible, reducciones, tramos, coeficientes y bonificaciones. Señala los beneficios fiscales autonómicos según el grado de parentesco y discapacidad. Incluye un ejemplo práctico de cálculo. También informa sobre plazos, documentación y presentación ante la ATV.
La reciente reforma del artículo 17.12 de la LPH obliga a obtener autorización de la comunidad para alquilar una vivienda como turística. Se exige una mayoría cualificada y se permite establecer recargos por uso intensivo de zonas comunes. Además, se protege la actividad previa conforme a la normativa anterior.
La liquidación de la sociedad de gananciales tras un divorcio implica inventariar bienes y deudas, separar el patrimonio privativo y común, saldar obligaciones y repartir los bienes restantes entre los cónyuges. Puede hacerse de mutuo acuerdo o mediante procedimiento judicial. Es clave contar con asesoramiento legal especializado para evitar errores y conflictos.
Los ciudadanos pueden reclamar a la Administración una indemnización por daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Para ello deben acreditarse daño efectivo, relación causal y ausencia de fuerza mayor, siguiendo un procedimiento administrativo o judicial. La cuantía debe restituir al perjudicado y se calcula según criterios económicos y periciales.
El artículo analiza las diferencias legales entre el contrato de arrendamiento de temporada y el alquiler turístico, destacando su distinta regulación, finalidad y requisitos. En la Comunidad Valenciana, el alquiler turístico exige inscripción y cumplimiento de normativa específica. La jurisprudencia prioriza el uso real del inmueble sobre el nombre del contrato.
Comprar una vivienda conlleva riesgos legales que pueden evitarse con una buena revisión documental y asesoramiento profesional. Es clave comprobar la titularidad, deudas, legalidad urbanística y el estado del inmueble. Contar con un abogado especializado garantiza seguridad en todo el proceso.
La prescripción penal en España determina el tiempo que tiene la Justicia para perseguir un delito, según la gravedad de la pena. El plazo puede variar entre 1 y 20 años, e incluso más en casos de delitos contra menores. Algunos delitos muy graves, como el genocidio o el terrorismo con resultado de muerte, no prescriben.








